Por: Raquel Carrero, gerente general de la Asociación Peruana de Energías Renovables
El Gobierno tiene hoy la responsabilidad de reglamentar la Ley N.° 32249 haciendo
cumplir los objetivos que la motivan porque de no hacerlo perpetuará reglas que
restringen la competencia en el sector eléctrico y que, en la práctica, obligan a millones
de hogares y a la industria a pagar tarifas más altas de las que corresponderían en un
mercado más abierto y eficiente.
Es importante recordar que la ley fue aprobada para corregir esas distorsiones, por lo
tanto, postergar su aplicación, significa prolongar un problema que afecta directamente
a los usuarios, pese a existir alternativas más eficientes y accesibles.
La reglamentación resulta prioritaria por tratarse de un asunto de interés público y debe
encontrarse aprobada antes de la convocatoria a los próximos procesos de licitación a
cargo de las empresas distribuidoras, para la compra de energía eléctrica destinada a
millones de consumidores,
No se trata de una modificación orientada exclusivamente a la atracción de inversiones,
por importantes que estas sean, sino de una decisión que impactará directamente en el
costo de la electricidad que asumirán los hogares peruanos durante la próxima década.
Con un reglamento con reglas claras y modernas para la compra de electricidad, el Perú
puede promover cerca de US$ 20 mil millones en inversión privada en generación
electrica renovable, con impacto positivo directo en el empleo, el desarrollo regional, la
competitividad y el ambiente.
Un reglamento que omita o contradiga las correcciones dispuestas por la Ley N.° 32249
no solo sería jurídicamente objetable, sino que además desincentivaría nuevas
inversiones en las regiones, pero, además, toda distorsión regulatoria y toda limitación a
la competencia se trasladan, inevitablemente, al costo de la electricidad que pagan los
ciudadanos.
El espíritu de la Ley es promover una mayor competencia y asegurar un uso más
eficiente de los recursos energéticos del país. Para ello, dispone la implementación de
licitaciones de energía por bloques horarios, de modo que cada tecnología compita allí
donde ofrece su mejor desempeño y el menor costo. A la vez, los contratos de largo
plazo que suscriban las distribuidoras deben cumplir el objetivo fundamental de
promover la construcción de nueva generación eléctrica eficiente y garantizar el
abastecimiento futuro, en un contexto en el que hoy ya se advierten señales de una
posible escasez.
Las empresas del sector renovable tienen interés de continuar invirtiendo, desarrollar
nuevos proyectos y abastecer con energía limpia tanto a millones de hogares como al
sector productivo. Sin embargo, ello exige definiciones regulatorias claras y oportunas,
pues la incertidumbre desincentiva la inversión y, perjudica el desarrollo del país.
El Perú dispone de un potencial excepcional en recursos energéticos renovables, lo que
falta son reglas que permitan traducir ese potencial en valor económico bajo
condiciones de competencia y mercado.
